Suspenden audiencia de Leocadio Juracán y reprograman el proceso para septiembre
Puerto Barrios, Izabal | 8 de julio de 2026
La audiencia programada para este miércoles 8 de julio dentro del proceso penal seguido contra el defensor de derechos humanos y dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Leocadio Juracán Salomé, fue suspendida y reprogramada para el 8 de septiembre de 2026 a las 10:00 de la mañana, prolongando un proceso que, según el CCDA, continúa generando incertidumbre, desgaste y preocupación por el respeto al debido proceso.
La suspensión representa un nuevo retraso en un caso que organizaciones campesinas y de derechos humanos consideran un ejemplo de la criminalización que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y los derechos colectivos en Guatemala.
Un proceso que continúa pese a la falta de elementos
El caso de Leocadio Juracán ha sido seguido de cerca por organizaciones nacionales e internacionales debido a que se originó por la presentación de una acción constitucional de amparo, un mecanismo reconocido por la Constitución Política de la República como garantía para la protección de los derechos fundamentales.
El pasado 20 de mayo de 2026, durante la audiencia de etapa intermedia, el órgano jurisdiccional resolvió la clausura provisional del proceso al considerar que la acusación presentada por el Ministerio Público no acreditó elementos suficientes para sostener la existencia de un delito. En esa resolución, el juez ordenó al ente investigador presentar una nueva acusación para ser conocida posteriormente.
Sin embargo, la continuación del proceso y la suspensión de la audiencia prevista para este 8 de julio mantienen vigente un caso que el CCDA considera carente de sustento jurídico.
“Defender derechos no puede convertirse en un delito”
Para el Comité Campesino del Altiplano, mantener abierto este expediente implica prolongar innecesariamente el desgaste que enfrentan tanto Leocadio Juracán como las organizaciones que acompañan el proceso.
La organización sostiene que la continuidad del caso mantiene vinculado al dirigente campesino a un proceso penal que afecta no solo su vida personal y familiar, sino también el trabajo organizativo y de acompañamiento que desarrolla junto a comunidades campesinas e indígenas en distintos territorios del país.
Asimismo, expresa preocupación porque la prolongación del proceso impacta el seguimiento que realizan organizaciones de derechos humanos sobre el respeto al debido proceso y las garantías judiciales.
Llamado a la objetividad
El CCDA reiteró su respeto hacia las autoridades del sistema de justicia y manifestó su confianza en que las decisiones judiciales sean adoptadas con independencia, imparcialidad y estricto apego a la Constitución y la ley.
Al mismo tiempo, hizo un llamado para que el Ministerio Público actúe conforme al principio de objetividad y valore integralmente los elementos del caso, evitando que la persecución penal se convierta en un mecanismo de desgaste contra personas defensoras de derechos humanos.
La organización recordó que el derecho a promover acciones constitucionales forma parte de las garantías fundamentales reconocidas por el ordenamiento jurídico guatemalteco y que su ejercicio no debe dar lugar a procesos penales infundados.
Criminalización de personas defensoras
El caso de Leocadio Juracán se desarrolla en un contexto en el que diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado preocupación por el uso del sistema penal contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos que participan en la defensa del territorio, el acceso a la tierra y otros derechos colectivos.
Para el CCDA, la criminalización constituye una amenaza para la participación social y para el ejercicio de derechos fundamentales, además de generar efectos personales, familiares y organizativos sobre quienes enfrentan este tipo de procesos.
Audiencia reprogramada
Tras la suspensión, el órgano jurisdiccional fijó una nueva fecha para continuar con el proceso.
La audiencia quedó reprogramada para el próximo 8 de septiembre de 2026 a las 10:00 de la mañana, fecha en la que se espera que el juzgado conozca la nueva acusación presentada por el Ministerio Público.
Mientras tanto, el CCDA reiteró que continuará acompañando a Leocadio Juracán y mantendrá su labor de defensa de los derechos humanos de las comunidades campesinas e indígenas.
“Defender la tierra, el territorio, el agua y los derechos colectivos no es delito. La defensa de los pueblos no se criminaliza.”
