33 años de lucha, organización y resistencia campesina
En el marco de sus 33 años de lucha y resistencia, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) celebró en 2015 su 33ª Asamblea Nacional, con la participación de delegadas y delegados provenientes de 13 departamentos del país. La Asamblea se llevó a cabo en el Salón Iglú de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC).
Un espacio para el análisis colectivo
Durante esta Asamblea, realizada en un contexto político complejo, se abordaron temas cruciales para el movimiento campesino, entre ellos:
- El papel del CCDA ante el proceso electoral de 2015, marcado por la desconfianza ciudadana y la crisis de legitimidad institucional.
- La urgencia de posicionar la agenda campesina como eje central en las discusiones nacionales.
- La profundización del modelo de despojo extractivista y sus impactos sobre las comunidades rurales.
- La necesidad de fortalecer los procesos organizativos desde las bases frente a las amenazas estructurales.
Denuncia al modelo de saqueo
Las y los delegados denunciaron el avance de un modelo económico basado en el saqueo de los bienes comunes. Este modelo —impulsado por élites nacionales y transnacionales— genera violencia, criminaliza la organización comunitaria y provoca el desplazamiento forzado de cientos de familias campesinas e indígenas.
Este sistema no solo explota los recursos naturales, sino también la vida y dignidad de las personas. Frente a ello, el CCDA reafirmó su defensa del Buen Vivir, como alternativa construida desde los pueblos.
Principales resoluciones de la 33ª Asamblea
- Reafirmar el compromiso del CCDA con la justicia agraria, la redistribución de la tierra y la defensa del territorio.
- Promover un modelo económico alternativo centrado en la soberanía alimentaria y el respeto a la Madre Tierra.
- Fortalecer los mecanismos de formación política, organizativa y técnica en las comunidades.
- Profundizar el trabajo con juventudes y mujeres como pilares de la transformación social.
- Mantener la denuncia constante contra la criminalización de líderes y lideresas comunitarias.
