En el marco de la conmemoración de los 30 años de lucha y resistencia del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), realizada en el año 2012, se llevó a cabo una amplia jornada de análisis, propuestas y comunicación política con participación campesina a nivel nacional.
Representación nacional campesina
Durante las actividades, se reunieron representantes de 65 municipios del país, quienes aglutinan a más de 1,200 comunidades de 11 departamentos. El objetivo principal fue construir propuestas claras y concretas para presentarlas al Gobierno de turno, enfocadas especialmente en la conflictividad agraria y la deuda agraria.
Conferencia radial con Leocadio Juracán
En una conferencia radial transmitida en vivo, Leocadio Juracán, coordinador del CCDA en ese momento, expuso la gravedad de la deuda que enfrentan miles de familias campesinas. En nombre de estas comunidades, solicitó al Gobierno la condonación del 75% de la deuda agraria como forma de resarcimiento histórico, y propuso que el 25% restante sea pagado únicamente si el Fondo de Tierras reorienta sus políticas para garantizar atención clara, directa y beneficiosa para los campesinos endeudados.
Grupos de trabajo y propuestas clave
Como parte del proceso organizativo, se formaron diversos grupos de trabajo integrados por comunidades de todo el país, quienes abordaron las principales problemáticas que enfrenta el campo. Las conclusiones más relevantes incluyeron:
- Solución urgente a la conflictividad agraria y la deuda histórica.
- Atención a la hambruna que afecta a miles de familias campesinas.
- Denuncia de la contaminación provocada por monocultivos.
- Rechazo al uso de mano de obra sin paga.
- Demanda de uso efectivo de la capacidad instalada existente.
- Reorientación de las políticas del Fondo de Tierras para beneficiar a los pueblos y no a los grandes intereses económicos.
Exigencia de respuesta urgente
El CCDA, en su 30 aniversario celebrado en 2012, dejó claro que estas demandas no son nuevas, sino parte de una lucha histórica por la dignidad, la tierra y la justicia para los pueblos originarios y campesinos. Se exigió una respuesta inmediata y con carácter de urgencia por parte del Gobierno central.
