Crisis agraria en Guatemala:
sequía, hambre, despojo y un Acuerdo Agrario incumplido
Guatemala atraviesa una de las crisis agrarias más graves de las últimas décadas. La sequía prolongada, los desalojos contra comunidades indígenas y campesinas y el incumplimiento del Acuerdo Agrario no pueden entenderse como problemas separados: son expresiones de una misma desigualdad estructural que continúa golpeando principalmente a quienes viven y trabajan la tierra.
Durante este año, el país ha registrado 54 días sin lluvia y una reducción del 33 % en la primera temporada de lluvias. Las pérdidas de cultivos alcanzan ya a 138 municipios y 236,447 familias, mientras se reportan más de 13,900 casos de desnutrición aguda. La falta de lluvia amenaza la producción agrícola, la disponibilidad de agua y los medios de vida de millones de personas, pero sus consecuencias también llegarán a las ciudades mediante el aumento del precio de los alimentos y una mayor inseguridad alimentaria.
Esta situación golpea con mayor fuerza a las familias campesinas que históricamente han sido desplazadas hacia tierras marginales y dependen de la agricultura para subsistir. Al mismo tiempo, durante la gestión del presidente Bernardo Arévalo se han ejecutado 14 desalojos contra comunidades campesinas, mientras persisten denuncias sobre criminalización y falta de garantías para las familias afectadas.
A esta realidad se suma el incumplimiento del Acuerdo Agrario, firmado el 14 de febrero de 2024 con compromisos relacionados con la atención de la conflictividad agraria, el acceso a la tierra, el fortalecimiento de la economía familiar campesina y la implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral. Compromisos que debían avanzar durante los primeros 100 días de gobierno y que, más de dos años y medio después, continúan pendientes.
Desde las organizaciones campesinas señalamos que no existen tres crisis paralelas. La sequía, los desalojos y el incumplimiento del Acuerdo Agrario evidencian un mismo problema estructural que exige respuestas de fondo.
Por ello, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y el Comité de Unidad Campesina (CUC) demandan el cese de los desalojos, medidas concretas y urgentes para enfrentar los impactos de la sequía y la priorización y reimpulso del Acuerdo Agrario durante los meses restantes de la actual administración.
Guatemala, 2 de septiembre de 2026
